Nuestro bloque de Rectoras y Rectores expresa su más enérgico repudio a las prácticas corporativas entre poderes concentrados, que desconocen los principios de institucionalidad y convivencia democrática. El grado de impunidad exhibido en la planificación, ejecución e intento de ocultamiento de un encuentro pautado a espaldas de la sociedad argentina, marca la irresponsabilidad en el ejercicio de la función pública de quienes formaron parte.

No es que lo sucedido asombre. La sistemática persecución a los líderes populares, la proscripción de las voces no hegemónicas y la insistencia en acciones ilegales para contener cualquier intento de transformación en favor de la justicia social, han sido prácticas combinadas y recurrentes durante más de 70 años. Rancios sectores que actúan en defensa de los privilegios y en contra de cualquier proceso de transformación política y social que garantice derechos.

Lo que perturba es el grado de brutalidad exhibido tanto en el viaje como en su intento de ocultamiento, solo atribuible a la autopercepción de impunidad construida a partir de los distintos resortes con los que el sistema contiene a aquellos que garantizan su funcionamiento. En ese marco, no es menor la coordinación ejercida por el multimedio, único actor privado presente en la conversación. La multiplicidad de recursos expresadas para la presión y el grado de subordinación de los funcionarios participantes no se circunscribe a este episodio: Nos permite obtener indicios de prácticas similares sobre las que se habrán decidido, de antemano, inocencias y culpabilidades.

La simbología se extrema en la sede elegida. Un lugar marcado por la ilegalidad tanto de su adquisición como de su pertenencia, un testimonio de cómo la concentración de la riqueza altera voluntades, impide derechos y ordena, de forma omnipresente, la acción de quienes están dispuestos a corromperse en el camino. En la práctica, representa el extremo grado connivencia entre el sistema mediático, los elementos concentrados de la economía y el partido judicial, y su disposición a trabajar en conjunto y en contra de los intereses colectivos.

Lo que está en juego es la idea de poder y su ejercicio. Si el poder es, como ambicionan los participantes del viaje y del chat, una serie de prácticas ilegales y ocultas, tipificadas en el código penal y ejecutadas en defensa de los privilegios históricos de los sectores que han promovido la inestabilidad institucional para beneficiarse de ella o si, como creemos y defendemos, una herramienta de transformación para garantizar los derechos, promover oportunidades y construir una sociedad más justa.

El vergonzoso episodio del chat es uno más entre estas dos concepciones de poder: De un lado, quienes están dispuestos a perpetrar cualquier ilícito en defensa de sus intereses y a costa de la expoliación de nuestro territorio, del otro, el pueblo argentino, sus instituciones y sus dirigentes. Siempre seremos mayoría los que creemos que Argentina merece una institucionalidad clara, construida en beneficio de sus habitantes. La urgencia es defenderla desde cada lugar en donde ejercemos nuestras responsabilidades y clarificar las verdaderas intenciones de las y los funcionarios, y los estamentos que representan, que deciden desoír el mandato popular y supeditar su actividad a poderes invisibles y no elegidos por nadie, dejándonos la evidencia de que lo que permanece escondido, es bastante más profundo que el Lago.